El pasado 29 de enero se hizo pública Sentencia del Tribunal Supremo, STS 1196/2025, de 29 de septiembre de 2025, por la que el alto tribunal desestimaba el recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia 317/2022, de 10 de marzo, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que, a su vez, estimaba el recurso contencioso-administrativo del Sindicato Profesional de la Policía ante el silencio administrativo tras solicitar el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional. 

La sentencia del Supremo establece que la información solicitada carece de datos identificativos de los empleados públicos, siendo esta la excusa de la Administración para restringir el acceso; el Catálogo se limita a la expresión del número de vacantes en cada plantilla, de puestos ocupados por adscripción provisional o por comisión de servicio, con fechas de nombramientos y prórrogas. 

Estamos ante un nuevo ejemplo de la escasa modernización de la Administración española, que sigue anclada en la idea franquista de falta de transparencia, oposición a la rendición de cuentas y ausencia de vocación de servicio público a la ciudadanía. Por el contrario, parece que se sigue pensando que una cosa es la Administración y otra la ciudadanía, como si no fuéramos todos los que sustentamos con nuestros impuestos el entramado institucional. 

Las continuas victorias judiciales de los sindicatos frente a la Administración muestran que el derecho administrativo español, también considerablemente anclado en el pasado, y muy lejano de los estándares europeos, afortunadamente, se está desarrollando más deprisa que la mentalidad de la clase política y los altos cargos de la Administración.

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