El pasado 22 de enero se publicó, en el número 15 de la Revista Documentación Administrativa (sección Experiencias y Casos), correspondiente al mes de diciembre, un artículo titulado Propuestas para la reforma del empleo público en Extremadura. Estaba firmado por Pedro Brufao Curiel, Carmen Bravo Díaz y Juan José Torres Ventosa que, no casualmente, son miembros de la Comisión de Expertos de la Junta de Extremadura creada para la reforma del régimen de la Función Pública regional. 

A lo largo del artículo, se expresan algunas de las características que los actuales responsables de la Junta están dispuestos a llevar a cabo. Prácticamente ninguna de ellas tiene como consecuencia el bienestar de los trabajadores públicos. 

La idea básica es privatizar la Administración en un doble sentido: externalizar más servicios y hacer que la Junta funcione como una empresa privada. No en vano se habla de productividad y de promover la competitividad entre funcionarios, valores propios del capitalismo salvaje que caracteriza el empleo privado en líneas generales, y que está muy lejos de redundar en la calidad de los servicios. 

Se habla de incrementar la movilidad de los empleados públicos (incluso entre CCAA), de que la Junta pueda redistribuir efectivos unilateralmente, prolongar la edad de jubilación, abonar salarios por servicios efectivamente prestados en vez por pertenencia a cuerpos o escalas, dar más importancia a las evaluaciones del desempeño para poder despedir con facilidad o incrementar las sanciones. 

Los opositores también deberían estar muy preocupados, porque la entrada a la Administración se va a quedar muy lejos de la capacidad de la mayoría, y, desde luego, muy lejos de los salarios que después cobrarían dentro. Se quiere que puntúe más la experiencia laboral en empresas privadas, los idiomas, el expediente académico o los conocimientos en informática. Además, se propone que exista un proceso de habilitación previo para poder acceder a la condición de empleado público, priorizar la oposición frente al concurso, incrementar los laborales frente a los funcionarios, recuperar el contrato administrativo de personal franquista (1964) para saltarse las actuales limitaciones a la temporalidad, incluir en los exámenes preguntas de desarrollo y más casos prácticos, fomentar que vengan a Extremadura empleados públicos de otras CCAA, dar más relevancia a los periodos de prácticas (que deberían ser eliminatorios) y establecer exámenes solo prácticos para algunas categorías. Resumiendo: el acceso a la Administración para los extremeños será como acceder a la NASA, pero para cobrar poco más de 1.000€. 

Aunque se dice que se pretende seguir la senda del modelo de acceso funcionarial en la UE, de lo que no se dice nada es de igualar los salarios a los funcionarios de la UE. 

Las pocas medidas interesantes y positivas son cambios que el SIP viene proponiendo desde hace años, como la fusión los grupos A1 y A2, la fusión de auxiliares y subalternos, acabar con el abuso de las comisiones de servicio y reducir el personal de libre designación. 

Hay otras propuestas potencialmente buenas que habría que tratar con cuidado para que no se desviaran de su propósito declarado, como convertir la Escuela de Administración Pública en un órgano autónomo, o hacer obligatorias la transferencia de conocimiento y la mentoría de promociones en retirada a las nuevas incorporaciones. Más polémica aún resultaría la creación de un Tribunal Administrativo que corte el paso a los habituales procesos judiciales que pierde la Junta de Extremadura frente a los trabajadores, pues si la confianza en la independencia de la justicia en España ya no pasa por un buen momento, aún menos la habría en un tribunal interno que se tuviera que decantar por los empleados públicos o por la Junta. 

Un artículo aterrador, en definitiva, para empleados públicos y opositores (también debería serlo para la ciudadanía en general, pues se verían muy afectados los servicios públicos), totalmente contaminado por el liberalismo radical de las corrientes anglosajonas que pretenden imponer en las Administraciones Públicas el modelo gerencial, es decir, una copia del funcionamiento de la empresa privada. Lo más preocupante es que se trata de un artículo firmado por tres miembros del comité que está asesorando al Gobierno de María Guardiola. 

Los sindicatos jamás deberíamos aceptar un modelo con estas características, pero ya sabemos la traición a los trabajadores que llevan décadas ejecutando los grandes sindicatos mayoritarios. Sería muy interesante que todos los empleados públicos se leyeran el artículo y pensaran qué organizaciones sindicales necesitamos para el futuro que están diseñando, en los despachos, para todos nosotros. 

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