La encuesta de costes laborales elaborada por el INE, sobre el cuarto y último trimestre de 2025, arroja, de nuevo, pésimas noticias para Extremadura, que continúa a la cola de casi todos los valores relevantes sociales y económicos en España. 

Los salarios de los extremeños siguen siendo los más empobrecidos de España, y también los que menos se han revalorizado desde el estallido de la crisis financiera internacional de 2008. Eso no solo significa un problema en términos absolutos (Extremadura continúa con graves problemas económicos) sino también relativos (crece la brecha salarial entre extremeños y los demás españoles). Los sueldos de Extremadura solo suponen el 80,5% de la media nacional, cobramos casi 500€ menos que los demás. 

En este contexto, ya de por sí muy perjudicial para toda la ciudadanía de la región, la situación es aún peor para los empleados públicos extremeños. Mientras que para los trabajadores en general los salarios han aumentado un 24,5% en Extremadura desde 2008, los funcionarios de la Junta de Extremadura no han superado el 20%. 

Eso significa, teniendo en cuenta que la inflación roza el 40% en el mismo periodo, que los empleados públicos hemos perdido un 20% de poder adquisitivo. O, dicho de otra manera, por cada 100€ que teníamos en 2008, ahora solo tenemos 80€. 

Este empobrecimiento, que es indefendible para cualquier ciudadano de Extremadura, lo es aún más para quienes sostienen los servicios públicos de la región, que no solo son la representación del Estado en nuestro territorio, sino también el principal sector laboral de la comunidad autónoma. 

El SIP exige, una vez más, una estrategia que la Junta de Extremadura debería haber tomado hace años: un plan a largo plazo para que los empleados públicos recuperemos ese 20% perdido y para que los salarios de Extremadura vayan convergiendo con los de las demás CCAA. Esta exigencia se contextualiza en la lucha que muchos funcionarios han emprendido ya por la equiparación salarial dentro de la propia Junta de Extremadura. Nuestro trabajo durante 2026 va a considerar este aspecto absolutamente central en la estrategia sindical a desarrollar.  

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