Hoy, 1 de junio,  hemos conocido la creación de diversos grupos de trabajo en el ámbito de la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura para abordar cuestiones tan importantes como las retribuciones, el empleo público o las condiciones laborales.

Desde USO Extremadura consideramos necesario trasladar a los trabajadores y trabajadoras nuestra preocupación por las importantes dudas jurídicas que esta situación puede generar.

El problema no es la creación de grupos de trabajo. Lo preocupante es que puedan utilizarse para negociar materias que, según el TREBEP, la Ley de Función Pública de Extremadura y el Acuerdo de Ordenación de la Negociación Colectiva de 2005, corresponden a otros órganos de negociación.

Materias como la equiparación salarial, la carrera profesional, la clasificación profesional, las relaciones de puestos de trabajo, los concursos de traslados o determinadas condiciones laborales tienen atribuido su ámbito natural de negociación en la Mesa Sectorial de Administración General y en la Comisión Negociadora del personal laboral.

Por ello, desde USO entendemos que cualquier intento de negociar estas cuestiones fuera de los órganos competentes podría generar una importante inseguridad jurídica y poner en riesgo los acuerdos que pudieran alcanzarse. Para entenderlo mejor, sería como si los Presupuestos Generales de la Junta de Extremadura se negociaran en el Congreso de los Diputados en lugar de hacerlo en la Asamblea de Extremadura. No se trata de qué órgano es más importante, sino de respetar las competencias que la ley atribuye a cada uno de ellos.

Y esto no es una cuestión menor. Si determinadas materias se negocian fuera de los órganos competentes podrían producirse impugnaciones, recursos judiciales e incluso la nulidad de los acuerdos alcanzados, perjudicando precisamente a los trabajadores que llevan años esperando mejoras salariales y laborales.

Resulta difícil comprender las razones que justifican que materias como las retribuciones, la equiparación salarial o determinadas condiciones laborales de la Administración General se pretendan abordar en el ámbito de la Mesa General de Negociación cuando la normativa vigente atribuye dichas competencias a la Mesa Sectorial de Administración General y a la Comisión Negociadora del personal laboral. 

Esta situación genera dudas legítimas sobre si se pretende desplazar la negociación a un órgano en el que no están representadas todas las organizaciones sindicales con presencia en los ámbitos competentes o si, por el contrario, se está iniciando un proceso negociador que podría prolongarse innecesariamente en el tiempo pese a las dudas existentes sobre su encaje competencial. En cualquier caso, lo que sí parece evidente es que esta forma de actuar genera una inseguridad jurídica completamente evitable y puede poner en riesgo futuras mejoras para los trabajadores.

Resulta especialmente llamativo que la reciente negociación para la homologación salarial del personal docente no universitario se haya negociado precisamente en la Mesa Sectorial de Educación, respetando el órgano legalmente competente para ello. Sin embargo, cuando se plantea una reivindicación similar para los empleados públicos de la Administración General, se pretende trasladar el debate a la Mesa General de Negociación. Desde USO Extremadura consideramos que no puede aplicarse un criterio para unos colectivos y otro diferente para otros. Si la mejora salarial de los docentes se negoció en su mesa sectorial, la equiparación salarial de la Administración General debería seguir exactamente el mismo camino, respetando las competencias de la Mesa Sectorial y de la Comisión Negociadora del personal laboral.

Desde USO Extremadura queremos dejar claro que defendemos la equiparación salarial y la mejora de las condiciones laborales de todos los empleados públicos de la Junta. Precisamente por eso exigimos que cualquier negociación se realice con todas las garantías legales y en los órganos que corresponden.

Después de décadas de negociación por parte de las organizaciones sindicales mayoritarias, muchos de los problemas que afectan a los empleados públicos siguen sin resolverse. Extremadura necesita nuevas ideas, nuevas formas de trabajar y una representación sindical centrada exclusivamente en la defensa de los trabajadores. Por una negociación colectiva con garantías.

Por una equiparación salarial real. Por unos servicios públicos mejor valorados y mejor retribuidos.

USO, el sindicato útil que promueve soluciones.