Uno de los principales males que aqueja a la Junta de Extremadura es la falta de personal, muy especialmente en servicios tan sensibles como los que gestiona el SEPAD.

Desde que entró en vigor toda la legislación pensada para las personas dependientes, allá por 2007, las Administraciones Públicas españolas no han sido capaces aún de ponerse al día en sus obligaciones con la ciudadanía. En un caso, además, de especial urgencia, pues muchas de las personas afectadas necesitan imperiosamente los recursos y se encuentran en encrucijadas vitales delicadas.

Al cierre de 2025, había en Extremadura 3.373 personas pendientes de resolución de grado y 4.838 beneficiarios con derecho a prestación a la espera de la aprobación de su Programa Individual de Atención.

Es evidente que esto solo puede suceder por la crónica falta de personal, de recursos y de procedimientos adecuados en la Junta de Extremadura, que no solo afecta muy negativamente a los empleados públicos, sino que cada vez se percibirá más hasta qué punto afecta directamente a la ciudadanía.

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