La Administración pública necesita normas claras, modernas y adaptadas a la realidad de quienes trabajan en ella. Sin embargo, el personal funcionario de la Junta de Extremadura continúa desarrollando su labor sin disponer de un Acuerdo Regulador que establezca de forma integral sus condiciones de trabajo.
Mientras el personal laboral cuenta con un convenio colectivo que regula aspectos esenciales de su relación laboral, los funcionarios siguen dependiendo de una combinación de normas, acuerdos parciales e instrucciones que, en muchas ocasiones, generan diferencias de interpretación y una evidente falta de seguridad jurídica.

Desde USO Extremadura consideramos que esta situación debe cambiar. Ha llegado el momento de abrir la negociación de un Acuerdo Regulador para el personal funcionario, un instrumento que permita ordenar, actualizar y unificar las condiciones de trabajo de miles de empleados públicos.

No se trata únicamente de elaborar un nuevo documento. Se trata de ofrecer estabilidad, transparencia y unas reglas comunes para todos. Un acuerdo regulador debe recoger cuestiones tan importantes como la jornada, los horarios, los permisos, la conciliación, la movilidad, la carrera profesional, la formación, la salud laboral o los criterios de organización del trabajo, evitando que aspectos tan relevantes dependan de interpretaciones diferentes o de acuerdos aislados.

Disponer de un marco normativo común también supondría reforzar la igualdad de trato entre todos los funcionarios de la Junta de Extremadura. No puede ocurrir que situaciones similares reciban respuestas diferentes en función del centro, la consejería o el órgano administrativo del que dependan los trabajadores y trabajadoras. Una Administración moderna necesita criterios homogéneos que aporten seguridad tanto a los empleados públicos como a la propia organización.

Además, un Acuerdo Regulador facilitaría la negociación colectiva y permitiría abordar futuras mejoras sobre una base sólida y consensuada, adaptando la función pública extremeña a los retos actuales y futuros.

Desde USO Extremadura seguiremos defendiendo esta reivindicación porque creemos que los funcionarios de la Junta merecen contar con un marco normativo propio, actualizado y negociado. Un marco que reconozca sus derechos, aporte seguridad jurídica y contribuya a construir una Administración más eficiente, más transparente y más justa.

Porque una Administración del siglo XXI no puede seguir funcionando con normas dispersas. Los funcionarios de la Junta de Extremadura merecen un
Acuerdo Regulador que establezca unas mismas reglas para todos y todas.

USO, EL SINDICATO ÚTIL QUE PROMUEVE SOLUCIONES.