El pasado 23 de marzo, los empleados públicos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD) se enteraron por la prensa de que cambiaba su ubicación laboral; también los alumnos, tanto los matriculados como los que pretendían hacerlo para el próximo curso. Con destino final incierto, provisionalmente se tendrán que adecuar a las condiciones del Edificio Valhondo, que no reúne las características necesarias para albergar el funcionamiento de la escuela. 

La razón es que la Junta de Extremadura cederá, por 50 años, y por la generosa cantidad de 0€, el Palacio Luisa de Carvajal, actual sede de la ESAD, para que se instale una entidad privada del sector de los seguros: Mapfre. La aseguradora albergará allí una sede de su Fundación, para la que también ha logrado que el obispado le ceda la iglesia de la Preciosa Sangre, y el Ayuntamiento todos los locales comerciales de la plaza. Toda la Plaza de San Jorge estará ya privatizada cuando desembarque Mapfre, a excepción de la Filmoteca de Extremadura, sobre cuyo futuro el SIP realizará en breve una consulta oficial, ya que parece poco creíble que la Fundación Mapfre ocupe todo el edificio excepto la planta baja, donde se sitúa la Filmoteca. 

A pesar de que existen en Extremadura abundantes empleados públicos expertos en la gestión de estaciones de ITV, la Junta de Extremadura ha decidido también recientemente conceder una nueva adjudicación privada, en este caso a la empresa Dekra, que debería comenzar a operar a partir del lunes 6 de abril, utilizando las mismas instalaciones que ya empleaba otra empresa privada, Itevebasa. Se trata de algo solo provisional, pues el contrato exige mayores capacidades a la empresa, que de momento no tendrá por qué ofrecer. El contrato para Dekra es por 30 años y el 30% del territorio extremeño. 

Las ITV son un gran negocio, porque en los últimos treinta años las inspecciones se han multiplicado por 5, con casi 800.000 al año desde 2024. A pesar de que estos servicios se idearon como parte de la oferta pública, en la actualidad la Junta ya solo ofrece el 32% del total, habiendo convertido el 78% restante en un lucrativo negocio privado. 

Uno de los puntos del programa sindical del SIP es la desprivatización de los servicios que deben ser públicos. La privatización, además de suponer una transferencia de rentas del Estado a empresas privadas, significa menos empleo, de peor calidad, peor remunerado y más precario, además de servicios orientados a la rentabilidad, a pesar de que tienen entre sus manos algo tan serio como la seguridad vial. Son ya muchas las décadas que la Junta de Extremadura lleva privatizando todo tipo de servicios, y si los trabajadores, de mano de la ciudadanía, no logramos poner pie en pared, el deterioro de todos los servicios (que ya es palpable en educación y sanidad, por ejemplo), será imparable y difícilmente reversible. 
 

* Correo electrónico: correo@sindicato-sip.es

* Afíliate: Afiliación online al sindicato - Sindicato Independiente Progresista