La semana pasada, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), actualizó en su página web la colección de códigos de oposiciones, elaborada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) (https://www.inap.es/es/seleccion/material-de-apoyo-para-oposiciones). El INAP es una de las pocas fuentes fiables donde se pueden encontrar materiales rigurosos para preparar oposiciones, aunque resulta aún muy insuficiente y carece de información para multitud de especialidades. 

Una de las realidades más crudas que se vive cuando se practica sindicalismo genuino, es la solicitud desesperada, por parte de opositores, de ayuda a la hora de preparar su estudio, y tener que decirles que no es posible tal ayuda. 

Hace años que desde el SIP defendemos la publicación de temarios oficiales por parte de la Junta de Extremadura, destinados a cualquier empleado público o ciudadano que quiera prepararse el acceso a la Administración regional. Así se lo propusimos, nuevamente y en persona, a la Dirección General de Función Pública del gobierno que salió de las elecciones de julio de 2023. Y así volveremos a hacerlo a quien sea nombrado próximamente. 

No existen razones admisibles para que la Junta rechace esta propuesta. Primero, porque existe una Escuela de Administración Pública (EAP) que no solo tiene la capacidad de elaborar temarios oficiales, sino que, para el óptimo cumplimiento de sus funciones legales, tiene la obligación de hacerlo. Segundo, porque no perjudica en nada a la Administración, y no solo facilitaría el trabajo de los aspirantes, sino también una mejor preparación de los mismos. Tercero, porque existen diversas formas de hacerlo y ninguna de ellas supone coste adicional. 

La primera fórmula es elaborando temarios propios, que incluyan el contenido completo que los opositores deberán estudiar para superar los procesos selectivos; esta labor puede ser llevada a cabo por los empleados públicos de la EAP y el coste adicional que suponga su organización y desarrollo puede ser compensado cobrando cantidades razonables por la venta de los contenidos. La segunda fórmula es aún más sencilla para la Administración y de coste cero: la publicación de una bibliografía donde los opositores sepan que se encuentran las respuestas a todas las posibles preguntas de los exámenes, y cuyo estudio les ofrezca garantías.

En la actualidad, lo que ocurre en muchas especialidades, es que los opositores van a un examen prácticamente a ciegas, como si a un alumno de cualquier ciclo educativo se le examinara sin decirle previamente qué contenidos concretos deben estudiar. Es asombroso que esta situación se haya perpetuado desde hace años y siga vigente.

Debemos ser claros: los únicos beneficiados de esta situación son los sindicatos mayoritarios, que, bajo promesas en ocasiones de dudosa legalidad, ofrecen a los opositores academias de formación, cursos y hasta temarios que supuestamente les ayudarán a preparar su estudio. La experiencia de la mayoría de las personas que han pasado por ese proceso es que, en realidad, es una mera fórmula de financiación de esos sindicatos, y que apenas si tiene utilidad para estudiar. 

Las Administraciones en general, y la Junta en particular, no puede permanecer más tiempo siendo cómplice de esta situación. Tiene las estructuras, tiene los recursos, tiene el personal y carece de excusas para que, de una vez por todas, se publiquen temarios oficiales y se pueda cumplir así, efectivamente, la igualdad de los opositores ante las ofertas de empleo, precepto legal que la carencia de una herramienta común de estudio vulnera claramente.

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