El acuerdo de gobierno entre el PP y Vox en Extremadura, que se hizo público el pasado jueves, contiene algunas medidas que afectan al entorno laboral, y que iremos analizando en la medida que afectan a las condiciones de los trabajadores, como ya hicimos el viernes con la evidente discriminación contra los empleados públicos de Administración General de la Junta de Extremadura. 

A partir de esta tarde, con su discurso de investidura, la presidenciable, María Guardiola, tendrá que desarrollar los principales aspectos de ese acuerdo de gobierno, que ha generado notable revuelo en la sociedad extremeña y fuera de ella. 

Uno de los aspectos más interesantes del texto firmado por ambas formaciones, se encuentra casi al final del mismo, en la página 22 de 23, y se refiere a la «reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública». Lo primero que tendrá que explicar Guardiola es si esa coletilla, «utilidad pública», se refiere al concepto estrictamente legal, o a una consideración más amplia y subjetiva, que dejaría en papel mojado este punto. Más bien parece lo segundo, en cuando que se apostilla la reducción del 50% será solo para aquellos que «no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva». 

No deja de llamar la atención que hayan quedado fuera de esta idea los partidos políticos, que son las organizaciones privadas que más subvenciones reciben, aunque claro, el acuerdo ha sido firmado precisamente por dos partidos políticos. 

El SIP no tiene miedo a este punto, porque nunca se ha presentado a las subvenciones concedidas por la Junta de Extremadura y, por tanto, nunca las ha recibido. Somos el único sindicato que se sostiene únicamente con las cuotas de sus afiliados. Y esto es así a partir desde nuestros Estatutos (artículos 3 y 15.c.), que coloca la independencia de la organización como valor supremo, y muy por encima de las capacidades de financiación. 

Entendemos que si todas las organizaciones sindicales compartieran este principio, la defensa de los derechos de los trabajadores iría mucho más lejos, sería más contundente y, con seguridad, presentaría éxitos más sólidos y más habituales. Sin embargo, ninguno de los demás sindicatos representados en la Junta de Extremadura lo comparte. 

Ahora bien, esta idea de independencia sindical no puede defenderse sobre el vacío. Debe defenderse bajo otra idea aún más importante: la imprescindible existencia de sindicatos fuertes. Lo contrario significaría promover la desaparición de las organizaciones que han conseguido todos los derechos de los que disfrutamos, aunque en algunos casos sea, por desgracia, hace mucho tiempo. 

El SIP tiene clara la propuesta con la que ambas cosas (desaparición de subvenciones y fortaleza de los sindicatos) pueden y deben compatibilizarse, y la iremos desarrollando. Lo que no sabemos es si la tiene María Guardiola, y lo empezaremos a descubrir esta tarde. Escucharemos atentamente su discurso, para conocer eso, y también los detalles de ese punto del acuerdo, por ejemplo por qué una reducción del 50% y no del 100%. 

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