El uso de cámaras de vigilancia en centros de trabajo está claramente regulado en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), además de previsto en el Estatuto de los Trabajadores, y, por tanto, su uso no puede ser arbitrario ni discrecional por parte de la Junta de Extremadura. 

Hemos recibido quejas referentes a estos incumplimientos, que vamos a estudiar detenidamente. En el caso de que hallemos causa suficiente en ello, presentaremos las correspondientes denuncias donde corresponda, incluida la Agencia de Protección de Datos, que prevé multas importantes por los incumplimientos legales. 

Lamentablemente, la Junta de Extremadura incumple numerosas leyes en la gestión diaria de los centros de trabajo. Su falta de transparencia con los sindicatos representados en las Juntas de Personal y respecto de las reuniones de las diferentes Mesas, su falta de respuesta a muchas de nuestras peticiones, su ausencia, pues, del obligado diálogo social, así como su clara intención de atacar la libertad sindical, no deja demasiados resquicios que la denuncia ante los organismos correspondientes. 

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