Desde 2020, el SIP viene trabajando incansablemente para que todos los empleados públicos laborales que fueron «funcionarizados», pasando a perder cantidades por la incorrecta aplicación de los trienios, pudieran recibir de la Junta de Extremadura los atrasos adeudados por la Administración. 

Incomprensiblemente, la Junta decidió judicializar el conflicto, gastando el dinero de todos los extremeños en elevarlo, incluso, hasta el Tribunal Supremo, que el 19/02/2024 falló en contra de la Administración, sentenciando que los trienios acumulados como empleados públicos laborales, debían respetarse tras la funcionarización, lo que automáticamente generaba unos importantes atrasos, más los correspondientes intereses de demora. 

Desde aquel momento, decenas de trabajadores han podido beneficiarse de esta batalla judicial ganada por el SIP, con devolución de cantidades normalmente de entre 2.000€ y 5.000€. El pasado mes de diciembre, la última trabajadora beneficiada, por el momento, recibió 5.598€ en concepto de diferencias dejadas de percibir por las diferentes cuantías entre complementos de antigüedad del régimen laboral y funcionarial. 

Teniendo en cuenta que los procesos de funcionarización de la Junta de Extremadura fueron masivos, es seguro que todavía existen numerosos trabajadores sin reclamar sus cantidades. El SIP pidió por escrito, el 16/12/2024, a la Dirección General de Función Pública, que reconociera, de oficio, todas las cantidades adeudadas, no solo para hacer justicia con los empleados públicos perjudicados con independencia de que reclamen o no, sino también para no hacer perder el tiempo a los empleados públicos de esa dirección general gestionando posteriores reclamaciones. No obtuvimos respuesta a nuestra carta, y nos consta que la Junta no está actuando de oficio. 

Instamos, pues, a todos los trabajadores afectados por esta circunstancia, a que se pongan en contacto con nosotros para gestionarles la reclamación. Debido a que existe ya sentencia del Supremo, y con todos los antecedentes que contamos, basta una reclamación administrativa, de manera que en pocos meses los interesados pueden recibir las cantidades que les corresponden, que no suelen ser despreciables.  
 

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