El SIP ha sido el único sindicato de la Junta de Extremadura que ha venido manteniendo el mismo criterio sobre este tema desde que hace años se comenzó a pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): el problema de los interinos y temporales no se solucionaría con ninguna ley española ni tenía sentido lanzar a los compañeros a los tribunales a perder dinero, porque el derecho europeo pondría una solución de punto final. Así se lo expusimos personalmente a Abel Bautista, consejero de presidencia, en reunión del 13 de mayo de 2024, pero su respuesta fue seguir dándole una patada al balón hacia adelante. 

Pero ayer, 14 de abril de 2026, llegó la sentencia Obadal (asunto C-418/24, Obadal), del TJUE, para poner en su sitio a las Administraciones y jueces de nuestro país, a cuenta de las necesarias sanciones que deben imponerse por el abuso de temporalidad durante décadas, incumpliendo Directiva 1999/70/CE. 

Una sentencia que deja claro que ninguno de los atajos establecidos por las leyes españoles y nuestros jueces son de recibo como sanción por el incumplimiento de la directiva y el abuso de temporalidad. Ni las indemnizaciones limitadas como las que propone la Ley 20/2021, ni la conversión de contratos temporales a indefinidos no fijos (que siguen siendo temporales), ni tampoco los procesos de estabilización, que podrían declararse nulos. Ninguna de estas medidas puede considerarse sancionadora según las exigencias de la Directiva 1999/70/CE. Todo sindicato que os haya aceptado algo de esto como punto final no era competente o bien os ha mentido. 

Esto significa, según la sentencia Obadal, que solo cabe la transformación automática en fijos de todos los contratos temporales, además de tener que indemnizar a todos los trabajadores declarados en abuso de temporalidad.

¿Y ahora qué? ¿Qué responsabilidad asumirán las Administraciones que han provocado una situación que va a costar miles de millones de euros al erario público? ¿Y a todos los sindicatos nacionales y mayoritarios que han estado en contra de esto, qué hacer con ellos? ¿Quién va a asumir algo?

El SIP tiene muy claro lo que cada trabajador debe hacer para defender sus derechos en esta situación. Nos ponemos a vuestra disposición para lograrlo juntos. 

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