El pasado 30 de octubre, el Sindicato Independiente Progresista (SIP) recibió notificación de la sentencia 00473/2025, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), que condenaba a la Junta de Extremadura por vulneración de derechos fundamentales, al haber estado limitando la libertad sindical del SIP durante los últimos tres años.

Desde el pasado 12 de diciembre, la sentencia es firme, puesto que la Junta renunció a su derecho a recurso, debido a la evidencia de los hechos y la contundencia de la sentencia. Por tanto, desde ese momento se debería haber ejecutado su contenido. Sin embargo, un mes después, no se ha dado un solo paso en la dirección de cumplir con el mandato judicial.

La Junta de Extremadura comienza 2026 como terminó 2025, al margen de la ley en el cumplimiento de las leyes fundamentales del Estado español. Y la nueva Dirección General de Función Pública comienza como terminó la anterior, manteniendo la obstaculización al único sindicato de la Junta que tiene la intención de plantar cara en la defensa por los derechos de los trabajadores.