Como ya os informamos en su momento, en este mismo tablón de anuncios, el pasado 20 de octubre de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) condenó a la Junta de Extremadura por vulneración de derechos fundamentales, al haber estado durante los últimos dos años llevando a cabo un bloqueo injustificado de nuestras actividades sindicales. 

La sentencia 473/2025 fue notificada a las partes el 30 de octubre, sin que la Junta de Extremadura presentare recurso de casación en el periodo legal, por lo que adquirió firmeza. Desde el 12 de diciembre, la sentencia es firme y la Junta tenía dos meses de plazo para cumplirla, pero no lo ha hecho. 

Por tanto, el SIP, a través de su equipo jurídico y la correspondiente procuradora, ha instado al TJEX a que ejecute forzosamente la sentencia, al amparo de los artículos 103, 104, 109 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Habiendo sido vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical (art. 28 de la Constitución Española), la ejecución de la sentencia debe interpretarse conforme a los principios de efectividad, integridad y restablecimiento pleno del derecho vulnerado. Esto permite al tribunal el requerimiento formal a la Administración, fijar un plazo concreto de cumplimiento, adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectividad del fallo e imponer multas coercitivas periódicas a las autoridades responsables en caso de persistencia en el incumplimiento. 

Esto significa que a partir de este momento, si la Administración no cumple con la sentencia condenatoria, comenzará a gastar dinero publico en pagar multas para continuar persiguiendo sindicalmente al SIP. Esto debe tener algo que ver con la incomodidad de tener un sindicato que no se pliega a los abusos de la Junta de Extremadura, y está dispuesto a llegar hasta el final en sus demandas y denuncias. 

* Correo electrónico: correo@sindicato-sip.es

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