Se sabía desde la última reunión de la Junta con los sindicatos, pero se ha mantenido mutismo absoluto porque a nadie le interesaba contarlo: varios recursos al concurso de traslados convocado el pasado 19 de diciembre han alertado a la Junta sobre la posible judicialización del proceso por, una vez más, vulnerar la normativa europea.

La Directiva 1999/70/CE, que lleva vigente nada menos que 27 años, fue ya la responsable de que las administraciones públicas españolas se vieran obligadas a cesar en su abuso de temporalidad, poniendo en marcha un proceso de estabilización que ha hecho fijos a millones de funcionarios que llevaban como interinos años o décadas. Si no, España no habría recibido los fondos Next Generation que se implantaron durante la pandemia. 

Es la misma Directiva que han invocado varios participantes en el concurso de traslados que pretendía no tener en cuenta los méritos logrados bajo contratos temporales. Y la Junta ha tenido que volver a agachar la cabeza, a pesar del manoteo impotente de CSIF y UGT, dos de esos sindicatos que hace ya mucho tiempo representan más a los empleadores que a los empleados. 

La realidad es que todos, sindicatos nacionales y mayoritarios, y las administraciones públicas, llevan casi 30 años infringiendo flagrantemente la legalidad europea, y ahora llegan los revolcones nacionales e internacionales. Seguirán llegando, en forma de juicios perdidos e indemnizaciones que pagaremos entre todos. ¿Para cuándo la asunción de responsabilidades personales por la rebelión ante el derecho administrativo de la UE, que está obligando al español a salir de posfranquismo?

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