La prolongación de las listas de espera, la tardanza en atender urgencias más allá de las cuatro horas o en dar citas de medicina de familia por encima de los diez días, son solo algunos ejemplos de medidas deliberadas de la Junta de Extremadura para empujar a los extremeños a la contratación de seguros médicos privados. 

Esta estrategia tiene como consecuencia el engorde de las empresas privadas que ofrecen servicios de salud y el progresivo deterioro de los servicios públicos, en lo que es un círculo vicioso, una bola de nieve que significa la desaparición de la sanidad pública a largo plazo. 

La patronal de las aseguradoras privadas, Unespa, ha distribuido unos datos terribles: 176.568 extremeños pagan cada mes para cuidar de su salud, es decir, un 17% del total de la región. En 2011 apenas se superaban las 117.000, habiendo llegado a su máximo en 2024. Eso quiere decir que se ha pasado del 10% al 17%, camino del doble. 

La Administración ha conseguido que se socave la confianza de los extremeños en uno de los sectores que más valoraba: la sanidad pública. Las cifras van camino de converger con la cifra nacional, que llega ya casi a uno de cada tres ciudadanos (26%). Extremadura era la región donde más se confiaba en la sanidad pública, pero ahora ya es la cuarta. 

En el SES, en diciembre de 2025, los extremeños tenían que esperar 135 días para una intervención quirúrgica, y 112 días para una consulta externa de médico especialista. La media de espera en atención primaria, en toda España, son nueve días. Eston son los datos que empujan a los usuarios a huir a la sanidad privada. 

Teniendo en cuenta que esto ocurre por la falta de inversión en personal, en planificación y en recursos materiales, es fácil concluir, que esa falta de inversión está suponiendo el aumento de ingresos en empresas privadas de la salud. Es decir: el dinero de los ciudadanos ha dejado de usarse para sostener el Estado de bienestar y ahora sirve para engordar a la empresa privada. No es casual, es producto de la ideología y los intereses económicos de los dirigentes políticos. 

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