El pasado martes 24 se registró en las Cortes el informe anual del Defensor del Pueblo, representado por Ángel Gabilondo, con datos que colocan a Extremadura como la región donde más se han incrementado las denuncias respecto al año pasado, un 32%, muy por encima del 20% de Galicia, que es la siguiente con mayor incremento, y un tercio más que en el total del país, donde se ha aumentado un 11%. 

Las tres causas manejadas por Gabilondo, que explicarían el incremento nacional, son el incremento del desasosiego social, el aumento de la confianza en las instituciones y la ayuda de la inteligencia artificial para elaborar las quejas. Aunque las tres son, desde luego, muy razonables, no parece que, dadas las encuestas en que se ve la progresiva desafección de la ciudadanía por las instituciones, sea la segunda la que más pese. 

El SIP considera que, tal como también se evidenció en el resultado electoral del pasado 21D, existe en Extremadura un fuerte incremento del descontento social, una efervescencia de la información sobre cómo la ciudadanía puede defender sus derechos, un crecimiento de las organizaciones que se dedican a asesorar a los particulares en esta materia, una mayor publicidad de los recursos que todos tenemos para elevar quejas y reclamaciones y, en fin, una tendencia a una mayor implicación, aunque sea a nivel individual, para hacerse oír ante las instituciones. 

De todas las quejas presentadas a nivel nacional, más de un 30% se acumularon contra la Administración de Justicia, la Seguridad Social y el empleo, asuntos migratorios y política social. Un 3,4% también se referían a servicios públicos y servicios esenciales. El porcentaje es aún mayor en Función Pública y empleo público, un 4,8% del total, 1.750 quejas en todo el país. 

El SIP augura un crecimiento rápido de esta vía de recurso ante la indefensión generada por las Administraciones Públicas, algo que se vive también a diario por los empleados públicos de la región extremeña, y particularmente en la Junta de Extremadura. Seguiremos recomendando el uso del Defensor del Pueblo para que los trabajadores defiendan sus derechos, y nosotros mismos haremos un uso incrementado de esta herramienta legal. 

Es bueno recordar que Extremadura es una de las 8 CCAA que no han desarrollado una figura del defensor del pueblo propia. 

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