En 2020 la Junta de Extremadura comprometió un incremento salarial del 2% para todos sus empleados públicos. No era una gran cantidad, pero aún así dejó pendiente la retroactividad de enero a noviembre de ese año, supeditándola al equilibrio presupuestario y futuras negociaciones. 

Esa deuda no se saldó en 2020, ni en 2021 ni en 2022 ni en 2023 ni en 2024. 

Cuatro años después, se produjo una negociación en la que los sindicatos presentes en la Mesa aceptaron que ese 2% se abonara en tres pagos, diferidos hasta 2027, y separados, cada uno de ellos, por un año. Increíble, pero cierto. Eso es lo que aceptaron. 

Así que la Junta de Extremadura acordó abonar las cantidades adeudas entre los años 2025, 2026 y 2027. El primer pago se produjo en abril de 2025, el segundo se hará en marzo de 2026 y el siguiente en el primer cuatrimestre de 2027. 

La noticia es que en la nómina de este mes, marzo de 2026, los empleados públicos cobraremos la segunda entrega. Aunque la noticia debería ser que la Junta de Extremadura nos está pagando hoy la deuda de hace seis años (sin intereses), y que no terminará de pagarla hasta 2027, siete años después, por obra y gracia de la resignación y la ineficacia de los sindicatos mayoritarios, y por la (nunca suficientemente recordada) capacidad de los políticos para estar más pendientes de sus asuntos que de los nuestros. 

Todo esto se produce en un contexto internacional que anuncia importantes subidas de precios sobre las subidas que ya venimos sufriendo, y habiendo perdido un 30% de poder adquisitivo en los últimos veinte años. 

Por tanto, y aunque lo que se pretende es que los empleados públicos celebremos que en marzo podremos pagar la mitad de la factura de la electricidad con lo que la Junta abona de 2020, lo que debemos hacer, en realidad, es tomar conciencia colectiva de la tomadura de pelo a la que venimos siendo sometidos por nuestros empleadores y por los sindicatos cómplices. 

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