En sentencia 32/2026 de 15 de enero de este año, la sección Primera de la cuarta Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional, que condenaba a Decathlon SA a una multa de 3.000€ por temeridad en contestación a la demanda, y una indemnización a CCOO de 30.000€ por daños y perjuicios.

La Audiencia Nacional había constatado que la empresa negó al sindicato el empleo de medios telemáticos, no le proporcionaba la información que requería, prescindía de los tablones sindicales y no facilitaba el crédito sindical. 

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación de la empresa y la condenó a abonar las costas de 1.500€. El alto tribunal confirmó la vulneración del derecho a la libertad sindical, la violación de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y la infracción de derechos fundamentales. 

Es importante subrayar la insistencia de los tribunales en la defensa de los derechos fundamentales y la libertad sindical, y la resistencia de empresas y administraciones a respetar incluso las sentencias judiciales. 

Eso es lo que lleva sufriendo el SIP desde hace tres años, incluyendo este tipo de vulneraciones (negativa al crédito sindical, al uso de medios telemáticos y a los locales que nos corresponden), por lo que logramos que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) condenara a la Junta en una sentencia que se niega a cumplir, a pesar de que hace ya quince días que expiró el plazo para ello. 

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