Cinco vigilantes heridos de diversa consideración acudieron la noche del pasado martes al Hospital Universitario de Badajoz, tras el peligroso conflicto que se produjo entre dos menores y el equipo de seguridad del centro Marcelo Nessi. 

Todo comenzó cuando un grupo de doce menores se encontraba en el patio y uno de ellos comenzó a mostrarse excesivamente agresivo. Los vigilantes de seguridad tuvieron que aplicar técnicas de contención, pero eso hizo que un segundo interno incrementara su agresividad. Uno de los agresores golpeó a un vigilante con un walkie-talkie caído, y el conflicto escaló hasta tal punto que se temió un motín, y se decidió avisar a la Policía Nacional. 

Heridas en la muñeca, inflamación en el rostro y una lesión en el hombro son las tres consecuencias más destacadas de una agresión que pudo acabar mucho peor. 

El 19 de enero de 2024, en reunión con el director general de Función Pública, el SIP advirtió de la gravedad de lo que estaba ocurriendo en este tipo de centros, desde todos los puntos de vista, singularmente en cuanto a la seguridad de los trabajadores. Nos remitió a los responsables de la consejería correspondiente. El 1 de abril pedimos, por carta, una reunión a dichos responsables. Volvimos a poner de manifiesto el problema en la reunión con el consejero de Presidencia el 13 de mayo de 2024. El 5 de junio se nos contestó desde la consejería responsable a nuestra carta del 1 de abril, pero se nos respondió que todo estaba bien, sin darnos una fecha para poder hablar del tema. El 9 de marzo de 2025 fue asesinada María Belén Cortes en un piso de menores tutelados.

La Junta de Extremadura no quiere hacerse consciente de que la problemática actual no se soluciona con medidas cosméticas o de corto recorrido, sino con cambios estructurales en la gestión y el tratamiento del personal afectado. Algunas medidas nuevas, como por ejemplo, los nuevos chalecos obligatorios para los vigilantes, son, de hecho, contraproducentes, según ellos mismos manifiestan. 

El SIP seguirá peleando en todos los ámbitos, desde el administrativo hasta el judicial, pasando por la acción colectiva de los grupos ya existentes, para que, de una vez por todas, los empleados públicos y de empresas privadas que trabajan en estas condiciones, dejen de jugarse la vida cada día. 

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