Como cada mes, publicamos en abierto y gratuitamente el boletín del Sindicato Independiente Progresista (SIP), Independencia y solidaridad, con las noticias más destacadas que se han producido en el ámbito de las administraciones extremeñas durante el mes anterior. 

En el número de mayo, la portada se corresponde a la comunicación del SIP con los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, pidiéndoles que no discriminen a los empleados públicos de Administración General de la Junta de Extremadura. La noticia contiene enlaces a nuestro posicionamiento a favor de la radical equiparación salarial entre los funcionarios de la región, para que no existan los actuales agravios contra Administración General, respecto a categorías similares en el Servicio Extremeño de Salud (SES), en la Consejería de Educación y Formación Profesional, en otras administraciones extremeñas y en otras CCAA. El solo hecho del llamamiento a los grupos fue un éxito, porque otros sindicatos se subieron al carro a velocidad de vértigo y, pocos días después, la Junta anunció que se plantea llevar a cabo la mencionada equiparación. 

En la portada cabe también la triste noticia de que tenemos una Junta de Extremadura que se niega a cumplir sentencias judiciales y debe ser llamada por los juzgados para la ejecución forzosa. Eso ocurre con la que le ganó el SIP en octubre pasado, por vulneración de derechos fundamentales (persecución sindical) ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX). La noticia contiene enlaces para que el lector pueda comprender perfectamente la gravedad de la actual situación. 

En las siguientes tres páginas del boletín se da cuenta de la nueva petición de la medalla de Extremadura para la trabajadora María Belén Cortés Flor, asesinada en un piso de menores tutelados en 2025, en Badajoz; todos los enlaces que se introducen en la noticia ayudan a entender el pleno compromiso del SIP con este tema desde el primer momento. También se advierte de la intención del SIP de denunciar todos los incumplimientos relacionados con las cámaras de vigilancia en los centros de trabajo, que nos están llegando de los trabajadores. 

Hacemos seguimiento de uno de los grandes éxitos del SIP durante los últimos años, que es haber ganado a la Junta de Extremadura, ante el Tribunal Supremo (TS) una sentencia por la que se obliga a la Administración a abonar las cuantías de trienios de personal laboral a aquellos trabajadores que han sido funcionarizados por cualquier vía; recordamos en el boletín de este mes que también vale para los empleados públicos laborales temporales que han estabilizado como funcionarios. Denunciamos también la falta de seguridad en muchos centros de trabajo que custodian patrimonio cultural e histórico, a raíz del desgraciado robo del tesoro de Villanueva de la Serena. 

Cerramos el boletín con una noticia a toda página, relacionada con uno de los temas estrella de los últimos años, que nos seguirá acompañando jurídicamente durante algunos más: el abuso de temporalidad contra funcionarios interinos y laborales temporales. Primero dio lugar al proceso de estabilización que todavía colea con las bolsas generadas, y ahora se centra más en la posibilidad de que todos los interinos (estabilizados o no) reclamen altas indemnizaciones, e, incluso, que los que no han logrado estabilizar lo puedan hacer judicialmente. 

Enlace al boletín completo en .pdf: boletin_is_2605.pdf

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