Inexplicablemente, los representantes de los trabajadores extremeños, es decir, los sindicatos mayoritarios y nacionales, no se han molestado en hacer un análisis del acuerdo de gobierno que determinará la vida de la región durante los próximos meses o puede que años. Todo lo más, como acostumbran, han puesto una alfombra roja al gobierno de turno, que es de donde sale su financiación, lo que hace muy difícil una crítica mínimamente útil. 

El SIP comienza hoy una serie de publicaciones sobre dicho acuerdo, que compondrá un análisis global del mismo, bajo la perspectiva de la Función Pública y los derechos de los funcionarios. 

En la página 3 del acuerdo PP-Vox se mencionan tres asuntos de relevancia en este sentido: 

1. Eliminación de la ecotasa energética 
2. Simplificación administrativa en favor de las organizaciones empresariales
3. Ayudas públicas a empresas industriales para su actividad en la región

No es muy difícil observar lo que tienen en común estas tres medidas: menos impuestos para las empresas (es decir, menos ingresos para la Administración), más facilidades para las empresas (a costa de reducir la Administración) y más dinero público para las empresas (es decir, más gasto para la Administración). 

Esta primera página del acuerdo deja en evidencia lo que subyace a todo el acuerdo: debilitar los servicios públicos y transferir capital a las empresas privadas. 

Lo que no explica el acuerdo es cómo se podrá sostener el conjunto de servicios públicos a la ciudadanía reduciendo los ingresos. No se concreta cuántos ingresos se dejarán de percibir por la ecotasa y qué líneas de los presupuestos se eliminarán para compensar esa carencia de ingresos. Tampoco se explica cuántos euros se regalarán a las empresas para subvencionar sus actividades privadas, y de qué otra partida presupuestaria saldrá ese dinero. Y tampoco se explica el impacto en el empleo público (es decir, también en la vida de los funcionarios), de lo que llaman «simplificación administrativa» que, consiste, ni más ni menos, en eliminar controles y dar facilidades para que las empresas puedan hacer y deshacer a su antojo. 

Observaremos en siguientes capítulos cómo la eliminación de servicios públicos y la transferencia de ingresos a las empresas privadas es la idea que atraviesa todo el acuerdo de gobierno para la época que viene. 

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