Como bien sabemos los trabajadores de la Junta de Extremadura, es muy habitual que las Administraciones nos obliguen, tácita o explícitamente, a realizar funciones que no nos corresponden. Funciones que, normalmente, son superiores a la categoría que ocupamos, con lo cual la Junta se ahorra no solo la convocatoria de una nueva plaza, sino el hecho de que esa plaza tenga un salario superior. 

Una inspectora de Trabajo y Seguridad Social llevó hasta el Supremo el hecho de que fue destinada a Inspección Provincial de Trabajo, haciendo labores de nivel superior de inspección, cobrando por una categoría inferior. La sentencia reconoce que debe cobrar lo mismo que los inspectores de nivel superior desde su toma de posesión, incluyendo todos los complementos y los intereses correspondientes.

Esta sentencia consolida una doctrina por la que queda claro el respaldo a los trabajadores cuando existe una identidad sustancial entre las funciones y responsabilidades desempeñadas en puestos de distinto nivel. O, dicho de otra manera: el trabajo real prima sobre la clasificación formal de la plaza ocupada. 

La gran novedad de esta última sentencia es que, por añadidura, el Tribunal Supremo no solo condena al pago de las diferencias salariales, intereses incluidos, sino que también deja claro que el trabajo realizado debe reflejarse en la carrera profesional, contando el periodo en el que se hayan llevado a cabo las funciones de mayor nivel. Esto tendría también, lógicamente, los efectos salariales correspondientes. 

Desde el SIP hemos denunciado siempre el permanente abuso de las Administraciones, también de la Junta de Extremadura, en la asignación funcional superior a la categoría de muchos trabajadores. Es lamentable que tengamos que ganar estas disputas en los juzgados, con el correspondiente dispendio de dinero público. Celebramos esta nueva victoria de una trabajadora, que es una victoria de todos, ante el Tribunal Supremo. 

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