Desde las tragedias más resonantes hasta el día a día más cotidiano para todos los empleados públicos, es público y notorio que las Administraciones Públicas españolas necesitan una profunda auditoría, a causa de décadas de ausencia de supervisión, inercia burocrática y dejadez política e institucional. 
En 2019, el actual secretario general del SIP propuso al entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la creación de un Cuerpo de Evaluadores de Políticas Públicas, como una de las grandes reformas pendientes de la Administración. Por desgracia, la propuesta no fue tomada en cuenta y la Junta de Extremadura sigue sin un organismo que se preocupe de cuestión tan fundamental. 

El pasado 4 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto 65/2026, de 3 de febrero, porque el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Se trata, precisamente, de un intento del Gobierno de España por mejorar la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas. 

Si el intento es exitoso, y así deberíamos desearlo todos los ciudadanos y, muy especialmente, los empleados públicos, debería servir para exportarlo a las CCAA. 

En la actualidad, la Junta de Extremadura, por ejemplo, no cuenta con ningún organismo dedicado a estas tareas, salvo los esfuerzos formativos al respecto de la Escuela de Administración Pública, y las iniciativas aisladas, sin respaldo jerárquico, en algunas consejerías. 

El SIP estará vigilante al desarrollo de esta iniciativa en la Administración General del Estado para seguir proponiendo la constante mejora en el funcionamiento de las todas las administraciones, que conlleva la lógica mejora en las condiciones de los empleados públicos y de toda la ciudadanía. 

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