Hace ya un lustro que la UE obligó al Estado español a consolidar el puesto de trabajo de casi un millón de empleados públicos interinos y temporales, cesando así en el fraude de ley con que las Administraciones Públicas españolas les habían condenado a la precariedad durante años o décadas. Aquella exigencia fue una de las condiciones necesarias para que España recibiera los fondos públicos Next Generation. Por desgracia, ningún Gobierno desde que comenzó la democracia, y tampoco el sistema judicial, habían tomado cartas en el asunto hasta 2020. Tampoco podemos olvidar la pasividad y negligencia de los sindicatos mayoritarios.

Como el SIP ha mantenido siempre, el hecho de que el Estado español esperara a que la UE viniera a solucionar nuestros problemas ha supuesto y va a seguir suponiendo un larguísimo reguero de conflictos administrativos y jurisdiccionales. No solo porque todos los interinos abusados tienen ahora la posibilidad de solicitar una indemnización por daños y perjuicios que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vería con buenos ojos, sino también porque todos los temporales e interinos que no han podido estabilizar podrán también intentar hacerlo vía judicial. 

Uno de los gabinetes jurídicos especializados en la materia en España, Araúz de Robles, informó el pasado 27 de enero de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó sentencia de fecha 21 de enero de 2026, en la que confirmaba que el cese de un trabajador temporal de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid era un despido improcedente; de esta manera, ratificaba una sentencia anterior, que condenaba a la Administración regional a readmitir al trabajador, abonarle los salarios de tramitación e indemnizarle con 52.000€.

Desde el SIP hemos animado siempre a que todos los empleados públicos que hayan estado en fraude de ley, según estableció la UE, luchen por sus derechos hasta el final. Por un lado, los ya estabilizados, deberían denunciar para exigir una indemnización por daños y perjuicios, que tiene posibilidades ciertas de prosperar ante el TJUE; por otro lado, los que no han logrado estabilizar, deberían intentarlo por vía judicial.

Este es el resultado de una nefasta gestión de las Administraciones Públicas y el sistema judicial español, en ambos casos todavía demasiado anclados a procedimientos predemocráticos. Los trabajadores deben saber que, tanto en el ámbito laboral como en el del derecho administrativo, la UE está mucho más avanzada que España, y que, ante sus tribunales, se pueden ganar batallas que se pierden en nuestro país. La única condición es ponerlo en manos de los sindicatos y los abogados adecuados. 

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