Desde el pasado 28 de enero, miles de ciudadanos extremeños y, por tanto, también los empleados públicos, han recibido en su teléfono móvil algún mensaje de la Red de Alerta Nacional, con información procedente de Protección Civil, avisando de fenómenos atmosféricos adversos, pidiendo que se evitasen desplazamientos innecesarios y que permaneciésemos en el interior de nuestro domicilio. Esos mensajes terminaban así: «¡No ponga su vida en riesgo!».

Sin embargo, la mayoría de los trabajadores de la Junta de Extremadura, recibieron órdenes de sus superiores de acudir a su puesto de trabajo, incluso bajo amenazas y coacciones, jugando así con la vida de los empleados públicos innecesariamente, e incumpliendo flagrantemente la legislación vigente. 

En el SIP siempre tenemos que repartir la indignación a partes iguales entre los irresponsables dirigentes de la Junta y los ineficientes sindicatos representados en la Mesa (CSIF, UGT, CCOO, SGTEX, USO), que han sido incapaces de obligar a la Junta a una negociación colectiva para actualizar los permisos de los empleados públicos según mandata el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Esta normativa entró en vigor nada menos que el 29/11/2024, hace casi quince meses, y establecía, en su disposición final segunda, la modificación del Estatuto de los Trabajadores, añadiendo una letra g) al artículo 37.3., que incluía un nuevo permiso para todos los trabajadores de España, de hasta cuatro días, para ausentarse del trabajo «como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes», y también «cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso», riesgo que, lógicamente, solo puede evaluar el trabajador. 

La irresponsabilidad de la Mesa de Negociación (es decir, de Junta y sindicatos representados), tiene a los empleados públicos sin la transposición del nuevo Estatuto de los Trabajadores a la normativa que nos es propia, en una región como Extremadura, con claro riesgo de fenómenos meteorológicos adversos, como viene quedando claro con la lluvia y el viento que hemos sufrido ya en varias jornadas, durante la última semana, y que vamos a seguir experimentando. 

A pesar de ello, el Estatuto de los Trabajadores, funciona, tanto por analogía como, sobre todo, por derecho supletorio ante las lagunas que pueda haber en la protección de derechos laborales fundamentales, e incluso de la propia vida. 

Por tanto, huelga pedir un protocolo, como han hecho algunos de los sindicatos de la Mesa. No es necesario ningún protocolo para cumplir la ley. Los empleados públicos de la Junta de Extremadura tenemos derecho al permiso de cuatro días que establece el artículo 37.3.g) del Estatuto de los Trabajadores, y nadie nos lo puede negar. 

Todos aquellos responsables que hayan negado, estén negando o nieguen en el futuro el ejercicio de este derecho, no solo cometen una irregularidad sino, eventualmente, un delito. 

Desde el SIP, rogamos encarecidamente a los empleados públicos que no pongan en peligro sus vidas ante ningún tipo de emergencia climática o fenómeno climatológico adverso, y no se dejen amedrentar por órdenes injustas ni por el desconocimiento, la mala praxis o la mala fe de los responsables de la Junta de Extremadura. 

En los próximos días, desde nuestro sindicato enviaremos a Dirección General de Función Pública una propuesta de contingencia para aplicar mientras nuestra normativa de permisos no recoja este nuevo derecho.

Por el momento, tengamos todos claro que tenemos derecho a ese permiso, que ningún funcionario ni político nos puede obligar a poner en riesgo nuestra vida y que, ante un conflicto, os recomendamos que os pongáis en contacto con nosotros, y, si no es posible por la urgencia, que obtengáis pruebas de lo que está ocurriendo y que lo reflejéis por escrito, para poder hacer uso del derecho y elevar la denuncia correspondiente.

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