El pasado 27 de abril comenzamos una serie de artículos cuyo objetivo es analizar el acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox para esta legislatura. Se trata de un paquete de medidas que determinarán la región durante algunos años, y también la Administración Pública, incluyendo a sus funcionarios.

Si en nuestra primera publicación examinábamos la primera página del acuerdo, hoy lo hacemos con las siguientes tres páginas y media, hasta completar los dos primeros apartados del texto (energía e industria, y sector primario). 

Estas páginas siguen la tendencia de la primera: ayudas económicas a las empresas, reducción del control de la Administración y ausencia por completo de las consecuencias de las medidas para los trabajadores en general y para los empleados públicos en particular. 

Se habla de agilización administrativa, de simplificación de procedimientos, de trámites y de normativa, de reducción de carga burocrática. Conceptos que se repiten más de una decena de veces, sin que se explicite en qué consisten y qué consecuencias tendrán sobre el empleo público, dado que, por pura lógica, a menos trabajo administrativo, más destrucción de empleo que se dedica a estas tareas. 

Igualmente, se mencionan beneficios para los terratenientes, las explotaciones, los productores, la actividad económica, la competitividad, los sectores productivos, las empresas industriales, y la inversión empresarial. El documento establece numerosas ventajas para las empresas, pero no menciona en ningún momento a los trabajadores, o, dicho de otra manera, cómo se nos dará instrucciones a los empleados públicos para favorecer a las empresas y no a los trabajadores. 

También se establece un fondo de compensación (es decir, gastar más dinero público) para las empresas perjudicadas por «imposiciones de Bruselas» y, al mismo tiempo, liberar de impuestos que perjudican los intereses del sector primario (es decir, dejar de ingresar dinero público). No se explica cómo se puede gastar más (en favorecer a las empresas) al mismo tiempo que se les exigen menos impuestos a las empresas. Lo que sí queda claro implícitamente es el adelgazamiento de la Administración, es decir, del Estado de bienestar, al tiempo que se impulsa el incremento de los beneficios empresariales. 

Y como la Administración no está para nada de esto, los empleados públicos deberemos estar atentos y actuar en consecuencia. 

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