Desde enero de este año veníamos denunciando que la Junta de Extremadura había sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) por vulneración de derechos fundamentales del Sindicato Independiente Progresista (SIP), al atacar nuestra libertad sindical. Hemos venido informando a lo largo de todo el año que la Junta en ningún momento ha ejecutado la sentencia en su totalidad. 

Del mismo modo, hemos denunciado también el bloqueo de los órganos de representación de los trabajadores por parte del sindicato mayoritario, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que evita convocar dichos órganos para que no se puedan reunir. Asunto del que hoy mismo hemos hablado personalmente con Jefatura de la Inspección de Trabajo en Extremadura, y que también sigue pendiente de resolución definitiva. 

Este año ha ocurrido incluso algo inédito: que la Junta de Extremadura nos bloquee el depósito de unas modificaciones estatutarias, a pesar de estar realizadas bajo los mismos criterios que en otras ocasiones, sin que entonces hubiera problema alguno en el registro. 

Por si todo esto fuera poco, comenzado ya el periodo electoral, se nos ha impedido ejercer nuestra libertad sindical en su integridad, en varios centros de la Junta de Extremadura donde trabaja un porcentaje relevante del personal laboral de ambas provincias, lo que ha incidido en la obstaculización, hasta la imposibilidad, de llevar a cabo nuestro trabajo sindical. 

No hace muchos días denunciábamos el mutismo absoluto de la Junta ante todas nuestras solicitudes y todos nuestros requerimientos. También la pereza para facilitarnos la obligada información sobre el desarrollo de las elecciones sindicales. 

La Junta de Extremadura, a pesar de haber comenzado ya el periodo electoral (desde el pasado 6 de octubre), ha continuado la negociación en la Mesa con los cinco sindicatos presentes en ella, lo que excluye solamente al SIP que, al no convocarse las Juntas de Personal en las que sí estamos presentes, carece por completo de la misma información con la que cuentan los demás sindicatos que se presentan a las elecciones. La última reunión estaba convocada para el viernes 30 de octubre. Ese mismo día tuvimos conocimiento de la filtración de un documento que daba cuenta de las fechas y lugares de exámenes para diversas categorías de personal laboral, que los trabajadores habían conocido por otros sindicatos. Todo lo ocurrido el pasado viernes fue la gota que colmó el vaso de una vulneración continuada de la libertad sindical que se viene produciendo desde 2023, y que ha impedido al SIP llegar hasta los empleados públicos, conocer la información mínima a la que tenía derecho y, en fin, ejercer la legítima libertad sindical protegida por la ley. 

El SIP peleará por esclarecer todos los hechos en todas las instancias, incluidas las judiciales, si se insiste en celebrar unas elecciones trucadas y carentes de las mínimas garantías. 

En las próximas horas compartiremos el texto completo de la impugnación, para que todo el mundo pueda comprobar la gravedad de los hechos con todo detalle. 
 

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